Desafíos en La Araucanía

José Antonio Viera-Gallo

La violencia en La Araucanía continúa y, según los voceros de los afectados, el gobierno está siendo sobrepasado. Las autoridades han reforzado la acción policial sin mayor éxito. Algunos piensan que la aplicación de la ley antiterrorista solucionaría el problema. Incluso se ha vuelto evidente la colaboración entre los grupos extremistas a ambos lados de la cordillera.

Sin desconocer que es indispensable restablecer en plenitud el imperio de la ley en la región, no hay que silenciar el desafío de fondo que plantean las demandas del pueblo mapuche. El Informe de la comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas de 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos, concluye que “es necesario dar cabida a una nueva oportunidad histórica para el entendimiento, propiciando un diálogo franco y abierto”. En este punto todos los gobiernos, desde entonces, están al debe, pese a haber formulado el propósito de “un nuevo trato” y haber hecho algunos avances significativos, como la aprobación del Convenio 169 de la OIT y la ley del borde costero lafkenche (primer gobierno de Michelle Bachelet).

Aún no se ha reconocido a nivel constitucional la existencia de los pueblos indígenas y su derecho a desarrollarse según sus identidades y tradiciones, como ocurre en la mayoría de los países de América Latina. Así se establecerían bases sólidas para el progreso armónico de un país culturalmente diverso. Logrado ese objetivo y a la luz de la experiencia, se podría revisar la Ley Indígena 19.253, que en octubre cumplirá 25 años.

Parte de ese esfuerzo legislativo debería traducirse en la aprobación del Ministerio de Pueblos Indígenas, proyecto presentado al final del primer gobierno de Bachelet, que contiene un cambio sustancial de la Conadi y la creación de Consejos Indígenas de participación y deliberación política. Lejos de suponer un aumento de la burocracia, ello sería un paso en la modernización del Estado siguiendo los parámetros de la Ley de Bases de su Administración, que distingue entre un ente diseñador de políticas (Ministerio) y un ente ejecutor (nueva Conadi).

También echamos de menos un plan claro con metas y plazos para resolver la superposición de títulos de dominio entre comunidades indígenas y propietarios actuales. En 2009 la Universidad de Concepción realizó un estudio analizando el problema comuna por comuna en las regiones del Bio-Bio y La Araucanía. Esa información habría que actualizarla y extenderla hacia el sur. Cuesta entender que se anuncie que este año la Conadi no cuenta con recursos para adquirir tierras y que existe una lista de espera de alrededor de 300 comunidades que ya habrían acreditado sus derechos. Abusar de su paciencia es desalentar el camino legal para hacer valer sus derechos.

El Plan Araucanía anunciado por el gobierno debiera complementarse con la decisión de avanzar en el ordenamiento territorial de la zona para facilitar un desarrollo inclusivo y respetuoso de la identidad mapuche, que permita a las comunidades participar de sus beneficios y evite la confrontación con los proyectos de inversión y un uso racional de los recursos naturales. Lo que falta es un enfoque compartido para avanzar hacia “un nuevo trato” con los pueblos indígenas, que se ha convertido en uno de los principales desafíos del país.

Si se lograra encausar las demandas mapuches, la actividad de los grupos extremistas perdería apoyo y el Estado dejaría de gastar ingentes recursos en seguridad en la zona. Países como Nueva Zelandia lo han hecho, ¿por qué Chile no?